La diputada del Frepam Claudia Giorgis envió una gacetilla de prensa, mediante la cual informó sobre un proyecto que presentarán desde su bloque “dirigido a introducir modificaciones en la ley 577, que rige la Dirección Provincial de Vialidad”.

Las modificaciones proponen suprimir y modificar algunos artículos e incisos de la norma, y fundamentan el pedido en la “falta de transparencia del proceso licitatorio en obras públicas”.

“Estamos convencidos que es necesario analizar no sólo el resultado final de dichas obras sino también el desarrollo de todo el proceso desde sus inicios, es decir desde la elaboración de los pliegos, hasta la finalización de las mismas; y así se evitará llegar a situaciones como el encontrarnos que no se sabe cómo concluir una obra o que se concluya la misma y luego se derrumbe”, explica la misiva.

Explicaron además que “la DPV es un ente autárquico provincial que se rige con una legislación de un período en el cual el organismo estaba intervenido. Esto expone la gran cantidad de atribuciones administrativas que le otorga a su directorio, equiparables a las del gobernador, algo que no se repite en ningún otro ente de similares características (…)”.

“Evidentemente –para el Frepam- esto genera situaciones de descontrol graves, que no pueden continuar, razón por la cual proponemos modificar dicho artículo de la Ley 577”.

Por otra parte agregaron que “esta norma permite que la DPV no actúe en la órbita del “Registro de Licitadores” de la Provincia”, motivo por el cual solicitan en el proyecto de ley que el organismo sea obligado a actuar dentro de este registro.

“La calidad con que se ejecutan obras tales como las rutas de nuestra provincia es una gran preocupación, existen rutas terminadas recientemente que muestran algún nivel de deterioro que no se condice con su escasa antigüedad sino con una ejecución incorrecta. Estos déficits en la construcción pueden ser el origen de accidentes importantes o pueden costar la vida de quienes se desplazan por las mismas. Además son obras de gran envergadura de alto costo, y una vida útil determinada, que se vería acortada a partir de una ejecución deficitaria. Esto, genera importantes dudas tanto respecto de los controles efectuados durante su construcción, como de la posibilidad concreta de actos de corrupción en cuanto a la calidad y/o cantidad de materiales utilizados y/o tareas efectuadas (ej. compactación).

Por último se incorpora al proyecto de ley la obligación de llevar un Registro de Obras Viales que sea conocido por todos, para permitir que desde los diversos ámbitos de la sociedad y del Estado mismo se efectúen controles sobre las distintas etapas que corresponden al proceso de elaboración de pliegos, licitación, construcción, etc. que sin duda redundan en obras con la mejor calidad y al menor precio. Como así también la recomendación del Fiscal de Investigaciones Administrativas referida a la publicidad de las licitaciones, explicando el fiscal que "cuanto más se publicite cualquier acto o actividad efectuada por el Estado, mayores posibilidades habrá de que sean detectados errores y/o irregularidades".-